Caso ‘Eteco’: Jueza dicta embargo de OjoPublico y amenaza con órdenes de captura

Caso ‘Eteco’: Jueza dicta embargo de OjoPublico y amenaza con órdenes de captura

El Poder Judicial abrió investigación por difamación contra el periodista Óscar Castilla, director ejecutivo de Ojo-Publico.com, y Edmundo Cruz Vílchez, periodista de La República; y dispuso mandato de comparecencia y embargo preventivo de los bienes de dicho medio digital y de los antes citados, en el marco de una nueva denuncia interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez ‘Eteco’, con antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico.

El pasado 4 de febrero, el 15 Juzgado Penal de Lima admitió a trámite una querella interpuesta por Arévalo contra Óscar Castilla y Edmundo Cruz –sin enviar notificación alguna sobre el fondo de la denuncia– por publicar el 2016 una serie de investigaciones sobre las pesquisas del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Drug Enforcement Administration (DEA) en contra de ‘Eteco’.

El 2017, Arévalo fue mencionado como jefe de una organización de narcotráfico en los ’80 en el Alto Huallaga en la investigación que la Policía Nacional realizó contra su primo, el alcalde de Tocache David Bazán Arévalo, alias ‘Wicapa’. Finalmente, este último fue detenido por colaborar con Sendero Luminoso en el asesinato de un fiscal y tres policías durante un atentado ocurrido el 2007 en San Martín.

Al igual que Ojo-Publico.com en el 2016, otros medios del grupo El Comercio, La República y de las revistas Caretas y Hildebrandt en sus trece publicaron información de la Policía Antidrogas sobre Arévalo y sus presuntos nexos con el narcotráfico; así como sobre las revelaciones que había hecho un confidente de la DEA, el piloto Jesús Vásquez, sobre el interés de las autoridades de Estados Unidos en ‘Eteco’.

“Ojo-Publico.com reveló el 2016 que la DEA estaba detrás de la organización de Miguel Arévalo en Perú, Centroamérica y EE.UU.”

Desde entonces, Arévalo ha planteado diez denuncias en el Poder Judicial contra los periodistas y directores de los medios antes citados que se atrevieron a rastrear sus antecedentes por tráfico de drogas, entre ellos: Gustavo Mohme (La República), Marco Zileri y César Prado (Caretas), César Hildebrandt, Eloy Marchan y Américo Zambrano (Hildebrandt en sus Trece) y Miguel Ramírez (exeditor de la Unidad de El Comercio), entre otros.

Hasta la semana pasada, Ojo-Publico.com conoció que Arévalo había planteado tres denuncias contra Castilla y Cruz, una de las cuales se archivó en primera instancia en la corte superior de Lima y de San Martín. Sin embargo, el 4 de febrero último, el 15 Juzgado Penal de Lima –a cargo de la jueza Isabel Aurora Flores Alberto desde el 21 de marzo– abrió un cuarto juicio contra ambos periodistas, sin notificarlos previamente.

Irregularidades en trámite de la demanda
El contexto del fallo del 4 de febrero ocurrió en el periodo de emergencia por vacaciones que cada año decreta la Corte Superior de Lima entre el 1 de febrero y el 2 de marzo. Tres días después de iniciada esa etapa, el 4 de febrero, el 15 Juzgado Penal de Lima, entonces a cargo de una secretaria judicial temporal llamada Érica Bolaños Morillo, admitió de manera irregular la querella interpuesta por Arévalo contra Castilla y Cruz.

Dicho fallo recién llegó a la redacción de Ojo-Publico.com el pasado martes 9, junto a otros de fechas 25 de marzo y 1 de abril, estos últimos con la jueza Isabel Flores ya como titular del despacho. En todos estos documentos –que no llevan la firma del juez titular, solo un sello del 15 Juzgado Penal de Lima– destaca el nombre del secretario técnico Hipólito Simpalo Chanamé, quien trabaja en la Corte Superior de Lima desde por lo menos el 2004.

Tanto Simpalo Chanamé, como la jueza Isabel Flores, aparecen como las personas detrás de la resolución que ordena el inicio de investigación de “manera sumaria” contra Ojo-Publico.com y los periodistas Castilla y Cruz; y que además dicta su “comparecencia” en Perú, como medida que afecta el derecho a la libertad ambulatoria de la persona, y el “embargo preventivo de sus bienes”. Al cierre de edición, los periodistas siguen sin ser notificados de la denuncia y los anexos que originaron los fallos citados.

La información del embargo procede del fallo del 4 de febrero, donde aparece el nombre del secretario Simpalo Chanamé, que ordena la “declaración de los querellados para el 15 de marzo del 2019, bajo apercibimiento de ser declarados reos ausentes, y ordena sus capturas en caso de inasistencia”, así como la búsqueda de sus “antecedentes penales y judiciales”, sin dar mayores detalles sobre los hechos que generan la demanda.

El fallo además dice: “trábese embargo preventivo de los bienes de los querellados (Castilla y Cruz) y del tercero civil responsable (Ojo-Publico.com), debiendo requerírseles a fin de que dentro del tercer día de notificados cumplan con señalar bienes susceptibles de embargo, bajo apercibimiento de trabarse dicha medida sobre los bienes que corresponden a su propiedad, sin perjuicio de oficiarse a las entidades correspondientes para que informen al respecto”.

La resolución también “establece que existen indicios que vinculan a los querellados como presuntos autores del delito y en caso de emitirse sentencia condenatoria en su contra la pena a imponerse puede ser superior a un año de privación de la libertad”.

Recién la semana pasada, Ojo-Publico.com y Castilla tomaron conocimiento del contenido del fallo del 4 de febrero, cuando recibieron una notificación, esta vez fechada el 1 de abril último, en donde se fija fecha la declaración de ambos periodistas para el lunes 17 de abril, bajo apercibimiento de ser declarados reo ausentes y ordenarse su captura a nivel nacional.

“En caso de emitirse sentencia en su contra la pena a imponerse puede ser superior a un año de privación de la libertad”

Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (Ideele), abogado de Castilla y Cruz, dijo que el fallo es irregular porque los periodistas no fueron notificados de la denuncia. A la fecha hay dos juzgados procesando a los periodistas por estos hechos. Por ello, la defensa legal de ambos pedirá al 15 Juzgado Penal de Lima que notifique la demanda original, que reprograme la manifestación, y se apelarán las medidas de embargo decididas por la jueza Flores, respecto de ambos periodistas.

Las irregularidades en el trámite de la demanda deben llamar la atención del presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros Cornejo, y de su homólogo de la Corte Superior de Lima, Miguel Ángel Rivera Gamboa (quien nombró a la jueza Isabel Flores Alberto en el 15 Juzgado Penal de Lima) y a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a cargo de Vicente Walde Jáuregui.

Esto ocurre en medio de un contexto de amenazas a la libertad de prensa en el Perú, luego de que una jueza de Piura condenara a un año de cárcel al periodista Pedro Salinas en el marco de la querella planteada por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. Otra demanda del mismo personaje se cierne sobre la periodista Paola Ugaz. Ambos, Salinas y Ugaz, investigan desde hace años al grupo religioso Sodalicio por su participación en el abuso sexual de menores.

En los últimos 15 años, el exempresario aerocomercial, Fernando Zevallos, y el abogado Rodolfo Orellana, fueron los cabecillas de las mayores maquinarias de denuncias contra periodistas y medios de comunicación. Hoy ambos están presos. El primero condenado a 20 años de prisión por narcotráfico el 2005, y a 27 años por lavado de dinero este año; mientras Rodolfo Orellana espera un juicio por crimen organizado en donde podría recibir hasta 35 años de cárcel.

Por : OjoPúblico

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