LIMA NORTE: El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong podría ir a prisión 8 años por malversación de fondos de S/ 88’788,634.00

LIMA NORTE: El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong podría ir a prisión 8 años por malversación de fondos de S/ 88’788,634.00

Al parecer era la única oportunidad que tenían los ex funcionarios de la Región Loreto de tener en sus manos tanto dinero. Nos referimos a Yván Enrique Vásquez Valera, Ex Gobernador Regional de Loreto, Julio Abraham Chávez Chiong y otros ex funcionarios, quienes podrían ir a prisión por haber malversado un monto total de S/ 88’788,634.00, provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon Petrolero de los períodos 2011, 2012 y 2013.

La grave denuncia contra Julio Chávez Chiong, ex [Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica] de la Región Loreto es por malversación de fondos en contra del Estado, eso quiere decir que estaría peligrando los recursos de la Municipalidad de SMP.

Sin embargo según abogados penalistas señalaron que los regidores de la Municipalidad de SMP tienen que realizar una denuncia ante el Ministerio Público de Lima Norte con la finalidad de preservar los dineros de la municipalidad toda vez que Chávez Chiong, ha sido denunciado por malversación de fondos en contra del Estado.

LA NOTICIA RENOVADA tiene en su poder la Resolución Nº 22, Iquitos, treinta de enero del año dos mil diecinueve que a continuación publicamos.

PRIMERO.- HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN

Se imputa a Yván Enrique Vásquez Valera [Gobernador Regional], Luis Enrique Lozano Escudero [Gobernador Regional (e)], Carmen Herlinda Montalván Inga [Gerente General Regional], Francisco Rubén Alcalá Martínez [Gerente General Regional], Pedro Nicanor Azabache De la Cruz [Gerente General Regional], Roy Ernesto Meza Meza [Gerente General Regional], Fernando Cárdenas Tafur [Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial], Jorge Luis Girau Balverena [Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial], Mario Linares Marín [Jefe de la Oficina Regional de Administración],Magno García Torres [Jefe de la Oficina Regional de Administración], Roberto García Fernández [Jefe de la Oficina Regional de Administración y Gerente General Regional] y Julio Abraham Chávez Chiong [Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica],ex funcionarios públicos del Gobierno Regional de Loreto en el período 2011, 2012 y 2013, haber dado fines distintos a los fondos provenientes del canon y sobrecanon petrolero establecidos en el Decreto de Urgencia N° 026-2010, el mismo que señala destinar el 10% de estos fondos a la ejecución de proyectos de inversión pública y gasto social, en las comunidades campesinas y nativas ubicadas en las zonas de explotación petrolera, bajo la modalidad de núcleos ejecutores, cuyo monto en dicho período señalado asciende a un total de S/ 39’809,362.84 [TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 84/100 SOLES] hecho que afectó las líneas de acción vinculadas a la mejora en el desarrollo de capacidades de la población en situación de pobreza extrema ubicadas en estas zonas de explotación petrolera.

PARTICIPACIÓN DE JULIO CHÁVEZ EN LA MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA REGIÓN LORETO

En cuanto a la participación de JULIO ABRAHAM CHÁVEZ CHIONG -Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Loreto-, en el período comprendido entre el 10 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014, en razón de su cargo y sin la relación funcional con los caudales de la entidad, habría participado en los hechos investigados al visar las resoluciones ejecutivas regionales siguientes: 2012; 267-2012-GRL-P; 26 de abril de 2012; 662-2012-GRL-P17 de julio de 2012 ; 702-2012-GRL-P; 06 de agosto de 2012; 1066-2012-GRL-P; 26 de octubre de 2012; 2013; 697-2013-GRL-P 29 de octubre de 2013; 980-2013-GRL-P; 27 de diciembre de 2013, señala la resolución.

Asimismo, participó en los hechos investigados al visar las resoluciones de gerencia general regional siguientes: 2012; 024-2012-GRL-GGR; 20 de junio de 2012; 7’707,709.00 entre otras resoluciones.

Por las que se incorporará mayores fondos con recursos provenientes del canon y sobrecanon petrolero, montos que fueron asignados en su totalidad a metas presupuestarias con fines distintos a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2010; es decir que, el 10% de los fondos provenientes del canon y sobrecanon petrolero destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública y gasto social, bajo la modalidad de núcleos ejecutores, en las comunidades campesinas y nativas ubicadas en las zonas de explotación petrolera, fueron destinados a la ejecución de actividades y proyectos diferentes a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2010, siendo que con su intervención el investigado habría dado una apariencia de legalidad a una situación contraria a la establecida en el citado decreto de urgencia; por lo que, no se consideró que entre los recursos incorporados se encontraban parte de los S/ 39’809,362.84 transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para el cumplimiento de la citada norma, coadyuvando con su accionar a la afectación en forma definitiva de dicho fondo; no obstante que, a decir del investigado, estas incorporaciones se realizan al amparo de lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

EN CUANTO A JULIO ABRAHAM CHÁVEZ CHIONG – DIRECTOR
DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Que, se le atribuye en su desempeño como Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, haber visado en años 2012 y 2013 19 Resoluciones Gerenciales Regionales, que conforme al MOF y ROF del Gobierno Regional de Loreto, tiene como funciones, “asesorar en los aspectos jurídicos administrativos a la Presidencia Regional del Gobierno Regional de Loreto y a sus Órganos dependientes” así como “formular, promover, coordinar y evaluar las acciones de orden jurídico – legal y administrativo en el ámbito del Gobierno Regional de Loreto, en armonía con los dispositivos legales vigentes” entre otras funciones (…).

Si bien el investigado no niega haber visado las mencionadas resoluciones, cierto es también que no ha tenido injerencia alguna en las modificaciones presupuestarias y aprobación de mayores incorporaciones al Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Loreto, los que se ejecutan en virtud de ingresos no previstos o mayores ingresos a los establecidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ya que dicha función es exclusiva de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, conforme a las funciones señaladas en el MOF, quien se encarga de realizar las modificaciones presupuestarias, área que no habría tenido en cuenta las normas del Decreto de Urgencia N° 026-2010, el hecho de que visara no significa un actuar doloso, por ende su visación no puede considerarse como un auxilio para la realización del hecho punible (malversar fondos) teniendo en cuenta que éste procedió de acuerdo a sus funciones establecidas en el MOF de la entidad, por tanto su conducta no se subsume dentro del ilícito que se le imputa, ni en lo dispuesto en el artículo 25° del Código Penal, señala la resolución.

DELITO INVESTIGADO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – MALVERSACIÓN DE FONDOS

El delito de Malversación de Fondos se encuentra tipificado en el artículo 389° del Código Penal de la siguiente manera:

“El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido (…)”

En primer lugar, el delito de malversación de fondos, al ser un delito contra la Administración Pública, tiene como bien jurídico general el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, entendido este como los servicios públicos brindados por el aparato estatal con la finalidad de permitir a los ciudadanos el acceso a sus derechos fundamentales.

En ese orden de ideas se considera que la malversación de fondos afecta la legalidad presupuestal de los servicios públicos, en otras palabras, la aplicación funcional y correcta de los fondos públicos en los servicios públicos brindados a favor de los ciudadanos.

En segundo lugar, el delito de malversación de fondos, es un delito de peligro, toda vez que debilita las condiciones que garantizan que la administración pública se desarrolle de forma correcta y normal.
En ese sentido, los estándares administrativos que delimitan el fin del gasto público equivalen a condiciones de seguridad que garantizan la funcionalidad del patrimonio público, por tanto, la aplicación pública diferente de los caudales públicos podrá suponer el peligro al bien jurídico aun cuando no se observen perdidas cuantificables en el erario público.

En conclusión, el delito de malversación de fondos, requiere que el funcionario o servidor público dé al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a las que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, que, por tanto, este delito exige, en primer lugar, un cambio de destino – siempre dentro del ámbito público – de los involucrados; en segundo lugar, que este cambio sea definitivo, lo que se expresa en función al propio carácter de los bienes desviados; y, en tercer lugar, como resultado típico, que con dicha conducta se dañe el servicio o la función pública, se perjudiquen los plazos, o incrementen los costos o decrezca la calidad del servicio que presta, acota la resolución.

Escribe: Luis Llumpo Ch.

LA NOTICIA RENOVADA

 

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