Alcalde de Megantoni: “Damos el gas de Camisea, lo exportan, ¿pero en qué nos beneficia a nosotros?”

Alcalde de Megantoni: “Damos el gas de Camisea, lo exportan, ¿pero en qué nos beneficia a nosotros?”

Ojo-Publico.com entrevistó al líder machiguenga Daniel Ríos Sebastián, que administra el distrito que resguarda la reserva energética más importante del Perú. La autoridad reconoce la importancia del gas, pero admite que en 15 años de explotación la calidad de vida de sus habitantes se ha visto afectada: “Las comunidades no tienen arroz, pero sí cerveza. Es triste”.

El primer alcalde electo por cuatro años de Megantoni, Daniel Ríos Sebastián, conversó con Ojo-Publico.com sobre el impacto de la industria extractiva en su localidad y los principales problemas del distrito habitado en su mayoría por el pueblo machiguenga, en la Amazonía del Cusco.

A cuatro meses de iniciada su gestión y a pocas semanas de que Megantoni cumpla tres años de creación, Ríos alertó sobre las altas tasas de desnutrición y anemia en los niños, el elevado consumo de alcohol y el impacto social de la industria del gas de Camisea en la zona.

En junio del 2016, el Congreso de la República aprobó la creación del distrito de Megantoni, como parte de la provincia cusqueña de La Convención. Desde ese momento, este distrito alberga la principal fuente de energía del Perú, aunque en las comunidades indígenas de la zona no hay garantía de electricidad durante las 24 horas del día.

Megantoni -que anteriormente pertenecía al distrito de Echarate- aloja hoy los lotes 56, 57, 58 y 88 del gas de Camisea, que son explotados por las compañías Pluspetrol, Repsol y CNPC Perú. Gracias al canon gasífero, este distrito cusqueño recibió más de S/294 millones en el año 2018. “La ley del canon nos dice que hay que construir infraestructura como carreteras. Pero, ¿qué hago con las enfermedades y los niños desnutridos?”, cuestiona Ríos Sebastián.

Usted ha militado en las organizaciones políticas Patria Arriba Perú Adelante y el Movimiento Nueva Izquierda, ¿cómo inició su actividad política?

Mi primer trabajo fue como coordinador de relaciones comunitarias de Repsol en el Lote 56. Ahí trabajé cinco años. He sido presidente del Comité de Gestión del Bajo Urubamba y vicepresidente de mi comunidad. Postulé el año pasado por el Partido de Integración Social Avanza País. También fui parte de la junta de delegados vecinales en el proceso de creación del distrito de Megantoni, que fue un proceso largo que batallamos en el Congreso. He visto el silencio total del Gobierno en la zona. A nosotros nos miraban como la última rueda del coche, teníamos que pedir de rodillas al alcalde de Echarate.

¿Cómo fue la relación con la Policía y las Fuerzas Armadas mientras duró el Estado de Emergencia en la zona por su proximidad al VRAEM?

Hay cosas que tiene que entender el pueblo. La presencia militar es para pacificar y controlar a las personas de mal vivir, vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Pero los militares también tienen que respetar las costumbres e identidad de cada pueblo. Si tú eres militar, tienes que acatar el estatuto y reglamento de cada comunidad. Debe existir una coordinación integral y respeto mutuo.

La relación entre los pueblos indígenas y las empresas suele ser tensa. ¿Cómo es la relación de Megantoni con Pluspetrol y Repsol?

No somos de segunda categoría como dijo Alan García. Respetamos las normas nacionales, pero exigimos el respeto del medio ambiente y de la identidad de los pueblos donde estas empresas operan. Hay cierta desconfianza por miedo a la contaminación. El río ya no es como antes, cuando encontrábamos pescado. Cuando llegaron las empresas hubo un impacto en el río Urubamba. No decimos que las empresas no operen, pero deben impulsar programas de responsabilidad social y proyectos productivos.

¿A pesar de este impacto ambiental y social, ustedes están de acuerdo con la explotación de gas en la zona?

Claro, porque queremos desarrollarnos. Pero ahora nadie considera la participación de los pueblos indígenas en la extracción del gas. Damos el gas a las empresas, que lo llevan a Lima y exportan a otros países pero, ¿en qué nos beneficia a nosotros? ¿dónde está la participación de las comunidades directamente impactadas por este proyecto? La empresa dice que no puede reemplazar al Estado peruano, pero tiene que crear proyectos de salud y educación para cada pueblo.

Ustedes abastecen de energía a gran parte del país, pero ¿todas las comunidades tienen electricidad en este momento?

No hay garantía de electricidad las 24 horas. Hay días en que tenemos luz, pero la línea se cae entre 15 y 20 días cuando hay lluvias torrenciales.

Megantoni colinda con la reserva para pueblos en aislamiento voluntario, que en los últimos años han visto amenazados sus antiguos territorios por la tala, el narcotráfico y minería ilegal.

Es el momento en que estos pueblos tienen que integrarse. Estos pueblos “no contactados” han sido contactados ya hace años. El Ministerio de Cultura tiene que cambiar estas prohibiciones, que yo entiendo fueron hechas para protegerlos. Debemos llevar programas para impulsar su desarrollo, aunque cuidando sus costumbres ancestrales. La iniciativa tiene que venir de ellos mismos.

¿Ustedes tienen comunicación fluida con las comunidades en contacto inicial, como Montetoni u otras, que se encuentran dentro de la reserva?

Ellos van a Camisea [la comunidad más importante del Bajo Urubamba], tienen celulares. Como autoridad local tengo que promover el reconocimiento de estos pueblos, respetando sus costumbres ancestrales y autonomía, y fortaleciendo su propia identidad.

¿Cuál será el papel de la Municipalidad de Megantoni cuando estos pueblos en aislamiento reclamen reconocimiento y títulos de propiedad comunal?

Tendremos que evaluar y actuar. Hay que darle un título de propiedad donde corresponde. Estos pueblos merecen crecer. El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, ya no debe mirar a estos pueblos como comunidades en pañales. Estos funcionarios viven bien y emiten las normas en sus despachos en Lima, mientras que estos pueblos necesitan atención. Nosotros hemos dado luz verde para ingrese a la zona el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) . Hemos pedido al Ministerio de Cultura que estos pueblos deben obtener sus documentos de identidad (DNI). Mi objetivo es que este año todos los megantonianos, sin excluir a nadie, tengan DNI.

Las ONG tienen sus propios intereses. No quieren defender a estos pueblos, sino mantenerlos como un zoológico. Estos organismos son bienvenidos en Megantoni, pero no a inventar cosas. Tenemos derecho a crecer, ser escuchados y tener una vida digna.

En 15 años de explotación de gas, ¿cuál ha sido el principal impacto de esta actividad en el Bajo Urubamba?

Las comunidades están cambiando socialmente, disminuyendo sus costumbre e identidad, sumado a los derrames de gas en el río. Durante 15 años de extracción también hay cosas que rescatar, como el mayor control sobre el cuidado del medio ambiente. Además hay impacto en el tema laboral. La mayor actividad de los comuneros es la agricultura, aunque un grupo ya trabaja en la Municipalidad de Megantoni y en las empresas como Pluspetrol y Repsol.

Los reportes mencionan que la pesca y la caza ya no son las principales formas de búsqueda de alimentos, y que la anemia y la desnutrición se han incrementado.

El problema fundamental es de saneamiento básico integral, ninguna comunidad lo tiene hasta ahora.

No hay ni agua potable. Tenemos altos índices de desnutrición crónica, anemia, tuberculosis, muerte materna. Es un problema latente y no tenemos hospitales ni postas médicas implementadas para atender a los megantonianos. Hay también enfermedades que no podemos identificar, y que mayormente atacan a los niños.

¿Qué otro problema social ha encontrado en Megantoni?

Hay mucho alcoholismo, desde los 14 años los niños tienen acceso al alcohol. Estamos trabajando para reducir el ingreso de alcohol en la zona. Las comunidades no tienen arroz, pero sí cerveza. Es triste. Las distribuidoras tienen que tributar. La empresa Backus debe construir, por ejemplo, locales donde los jóvenes estudien en vez de dedicarse al alcohol. Así, cuando culminen la secundaria, ya tendrán una carrera técnica.

Una de sus principales propuestas en la campaña fue aumentar la recaudación de impuestos.

Las empresas que están montando sus lotes, asentamientos y locaciones no tributan, no pagan impuesto predial. Ahí tenemos que empezar a trabajar. El fondo de recaudación tiene que orientarse a la contratación de profesores y médicos. La ley del canon nos dice que hay que construir infraestructura como carreteras. Pero, ¿qué hago con las enfermedades y los niños desnutridos? Puedo tener una construcción de lujo, pero nadie está enfocándose en los derechos de nuestros niños y ancianos.

El actual modelo de financiamiento no permite que utilicen el dinero del canon para contratar médicos o dar asistencia directa.

El canon no puede ser intangible, sino nunca vamos a resolver los problemas del pueblo. También estoy exigiendo la presencia de una Oficina de Control Interno (OCI). Queremos fiscalización y que podamos utilizar el canon para proyectos de salud y educación. En el Congreso están peleándose entre ellos y sus leyes son aprobadas para los limeños, los ‘pituquitos’. La ley no funciona para la gente más pobre.

¿Cuáles son las principales obras públicas licitadas por su gestión?

Aún no hemos lanzado convocatorias para grandes infraestructuras. Tenemos proyectos de impacto que recién estamos elaborando de conectividad vial y de construcción de hospitales, además de puentes y un proyecto de agua potable.

¿Hay empresas privadas que ya han mostrado su interés en estos proyectos?

Sí. Seleccionaremos empresas fuertes y grandes para garantizar su sostenibilidad.

Usted también fue empresario.

Trabajé en mi pueblo, pero no como proveedor del Estado.

Su esposa y usted administraban la empresa Nia Sankari Osarite, ¿aún existe?

No, le dieron de baja cuando gané la alcaldía.

Esa empresa sí era proveedora del Estado, ¿verdad?

Sí, una única vez, eso es todo. Cuando fui elegido como alcalde me dijeron que no hay que tener empresas ni contratar con el Estado para evitar problemas. Cuando un alcalde quiere estar en la cárcel, él mismo se lo busca.

Tres alcaldes consecutivos de Echarate fueron acusados por corrupción.

Los alcaldes caen porque son mañosos, quieren lucrar y cobran a los empresarios para beneficiarlos en obras. Acá no será igual. Es difícil gobernar. El desarrollo está orientado a que el pueblo descubra su propio destino. Enseñaremos a pescar a los pueblos, ya no más asistencialismo ni conformismo. Nuestra identidad ancestral de nación originaria tiene que hacernos sentir orgullosos.

Por: Por Nelly Luna Amancio y Ernesto Cabral – Ojo Público

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