Caso Susana Villarán: ¿Qué es Línea Amarilla y Rutas de Lima?

Caso Susana Villarán: ¿Qué es Línea Amarilla y Rutas de Lima?

La tesis fiscal indica que Odebrecht y OAS habrían aportado a la campaña de Susana Villarán a cambio de beneficios en las obras Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.

El Poder Judicial analizará este lunes el pedido de prisión preventiva para Susana Villarán por 36 meses.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, es investigada por el Ministerio Público por presuntos aportes irregulares a su campaña y, por este caso, el fiscal Carlos Puma solicitó 36 meses de prisión en su contra, pedido que será evaluado este lunes 13 por el Poder Judicial.

En la investigación a la exburgomaestre, también se ha implicado dos proyectos: Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. Pero, ¿cuál es la relación entre estas obras y los aportes que recibió de Odebrecht y OAS para sus campañas, según la fiscalía?


La tesis del Ministerio Público detalla que los 10 millones de dólares que recibió para su campaña por el No a la revocatoria y para su reelección fueron entregados a cambio de beneficios en la gestión municipal: el apoyo en los proyectos antes mencionados.

El proyecto Línea Amarilla, según la Municipalidad de Lima, conecta el Callao con la Vía de Evitamiento. Incluye un túnel debajo del Río Rímac y una nueva vía expresa de 9 km, ubicada entre el Puente Huáscar y la Av. Morales Duárez.

La concesión de esta obra fue adjudicada a OAS, a través de LAMSAC durante la gestión de Susana Villarán. La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en este proceso. Especialmente, la adenda N° 1 que permitió la ampliación de la concesión de peajes a 40 años.

Esta adenda fue suscrita el 13 de febrero del 2013, sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía (MEF), y coincidiría con la fecha en la que Susana Villarán habría pedido el dinero a la empresa brasileña.

Rutas de Lima, concesionaria de Vías Nuevas de Lima
Si OAS fue la ejecutora de Línea Amarilla, Odebrecht fue la de Vías Nuevas de Lima, a través de la concesionaria Rutas de Lima. Según la Municipalidad de Lima, este proyecto busca rehabilitar la infraestructura vial en las carreteras Panamericana Norte (desde el Óvalo de Habich hasta el Intercambio de Ancón), Panamericana Sur (desde el Trébol de Javier Prado hasta el puente Pucusana) y la autopista Ramiro Prialé.

En su más reciente citación al Congreso, Susana Villarán declaró sobre este proyecto: “Hay un enorme desorden en los peajes en Lima. El contrato del cual sí me hago responsable es el de Rutas de Lima, que sufrió modificaciones serias en los últimos años”.

La Fiscalía se encuentra buscando más indicios que permitan conectar los hechos. No obstante, cuentan con la declaración de Jorge Barata, quien confirmó haber realizado pagos a favor de la exalcaldesa.

Asimismo, el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos, es sindicado como miembro, tras descubrirse que figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada D’Andorra, en la que se depositó el ilícito dinero. Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

La lista de funcionarios implicados la cierran, Marco Hugo del Mastro Vecchione, fundador de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, organización que recibió aportes para la campaña del No a la revocatoria, el exregidor Marco Antonio Zevallos Bueno, quien habría remitido información falsa al JNE para ocultar los aportes, Daniela Maguiña Ugarte, exgerente de Defensa del Ciudadano, Cecilia Lévano de Rossi, ex jefe de Coordinación, y Guillermo Loli Ramírez, excoordinador de Proyectos Especiales.

La estructura de la red que dirigía Susana Villarán: Dirigentes en campañas y otros
Por otro lado, la tesis del fiscal Puma sostiene que Luis Gómez Cornejo recibió 1 millón de dólares ilícito, según la disposición de José Miguel Castro, y distribuía el dinero para los gastos de campaña. Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Otro de los implicados es Óscar Vidaurreta, quien recibía dinero de OAS a través de contratos ficticios con la empresa Ogilvy para la campaña del No a la revocatoria.

Los demás involucrados son: Jorge Torres Padilla, María Méndez Vega, Juan Carlos Becerra, Julio Castro Joo, Mónica Pozo Palomino, y César Meiggs Rojas. (La República).

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