Congresistas están bajo la lupa

Congresistas están bajo la lupa

Durante los últimos meses, los parlamentarios del norte del país se han encontrado en el ojo de la tormenta al ser duramente cuestionados por su labor en el Congreso de la República, acarreando así una serie de investigaciones en su contra.

LA LIBERTAD
De los siete congresistas liberteños, cuatro de ellos están bajo la lupa, y no precisamente por su labor legislativa.
El pasado fin de semana se conoció que el parlamentario de Alianza para el Progreso, Richard Acuña Núñez, acudió a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para una presunta intermediación a favor de la Universidad Señor de Sipán, la cual es de propiedad de su familia.

El legislador explicó que acudió por pedido de Sunedu, pero que nunca realizó ningún tipo de gestión.

En tal sentido, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso una investigación preliminar de 60 días contra Acuña por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y otros que resulten de la investigación.

Sumada a esta diligencia, la Comisión de Ética del Congreso también aprobó por unaninimidad investigarlo preliminarmente por un presunto caso de conflicto de interés.

La misma comisión también investigará a Daniel Salaverry Villa por presuntamente haber infringido el Código de Ética, en la denuncia sobre la presentación de sus informes de representación.

De acuerdo al informe de la Secretaría técnica, el parlamentario presentó informes sobre su semana de representación en los que se habría informado eventos que no se realizaron, así como fotos que no corresponderían a dichas actividades.

Mientras que el congresista aprista Elías Rodríguez es cuestionado al conocerse que recibió montos de dinero de 5,000 soles, 6,450 y 5,000 dólares de la empresa fundada por Luis Nava, Transportes Don Reyna, la cual contrató con Odebrecht.

Si bien no se ha anunciado una investigación en su contra, tras emitirse el reportaje donde se indica que figura en la lista de proveedores de dicha empresa, el congresista solo se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar que se trataría de un préstamo.

En esta misma línea, la parlamentaria fujimorista Rosa Batra ha sido seriamente cuestionada tras conocerse la confesión de Miguel Atala, quien señaló que recibió los sobornos de Odebrecht para el expresidente Alan García. Como se sabe, Bartra no lo incluyó en el informe final de esta comisión Lava Jato del Congreso.

TUMBES
La región Tumbes solo cuenta con dos congresistas, Juan Carlo Yuyes Meza y María Candelaria Ramos Rosales, ambos de Fuerza Popular; sin embargo, su labor es muy cuestionada por la falta de propuestas que contribuyan en el desarrollo de los tumbesinos.

Eso no los exime de estar involucrados en aprietos. Por ejemplo, María Ramos ingresó luego que el Parlamento suspendiera a Bienvenido Ramírez, pero ante la reciente solicitud de reincorporación, la participación de Ramos Rosales podría llegar a su fin sin que haya marcado algún precedente en su gestión.

Ella no cumplió, más allá de una labor de representación y con sustentar el proyecto ley que declara de interés nacional la creación del Distrito de Andrés Araujo Morán, el cual que fue iniciado por Ramírez y aprobado este año.

Respecto a Juan Carlo Yuyes Meza, pese a no estar afiliado a Fuerza Popular, ha sido bien pegado a lo dispuesto por la agrupación fujimorista.

En lo último que se le vinculó fue por la fuga del exjuez César Hinostroza Pariachi, aunque no directamente a él, sino a su esposa Yojani Rujel Sullón, quien labora en Migraciones y a la vez era jefa directa de Yhenifferd Bustamante Moretti, quien concretó la ayuda al exmagistrado.

A ello, se sumó los nexos en el Poder Judicial de Yuyes Meza, pues su cuñado es miembro de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, y expresidente de dicha entidad.

Sobre eso hay un antecedente contra el congresista, por el presunto delito de colusión agravada.

Según la Fiscalía, durante la gestión de Gerardo Viñas Dioses, el legislador fue beneficiado con la adjudicación de un terreno de 778.9039 m2 por un monto que sería subvaluado, en 86,500 soles, bajo la supuesta apariencia de ejecutar un proyecto de interés regional consistente en un centro empresarial.

En noviembre de 2011 pidió permiso para construir una vivienda; sin embargo, al ser advertido que existe norma legal que no le permite adjudicarse un predio de propiedad estatal a título oneroso, Yuyes decide cambiar la solicitud.

Este proyecto fue aprobado con una rapidez inusitada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo en abril de 2012.

PIURA
Tres son los congresistas piuranos que han tenido problemas durante estos tres primeros años como representantes de la región en el Parlamento.

Dos fueron suspendidos por el pleno del Congreso, pero solo una logró recuperar sus derechos antes de cumplido el tiempo de suspensión.

Se trata de la congresista Maritza García, una de las “avengers”, quien ingresó por Fuerza Popular y ahora pertenece al grupo que encabeza Kenyi Fujimori.

Ella fue suspendida por 120 días por presuntamente mentir en su hoja de vida. Se le acusaba de no haber terminado los estudios secundarios, y también cuestionaban sus estudios de maestría en Derecho que siguió en la UNP.

A fines del 2017, la UNP le anuló el título y los grados de bachiller y maestría que le otorgó. No obstante, García Jiménez retornó al parlamento antes de cumplir sus cuatro meses de suspensión, al ser absuelta por el Poder Judicial.

Otro legislador piurano de Fuerza Popular que también fue suspendido es Luis López Vilela. Él fue sancionado por 120 días tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos contra su colega, Paloma Noceda.

López se defendió al señalar que jamás fue sancionado por una falta ética y menos por la falta de respeto o acoso.

La congresista Marisol Espinoza de Alianza Para el Progreso también ha tenido problemas tras ser relacionada en un primer momento, junto con el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, con el caso “Los Wachiturros”.

Un colaborador eficaz los señaló por presuntamente haber recibido dinero a cambio de promover y votar a favor de normas sobre la ley de ampliación patrimonial en las empresas azucareras que supuestamente favorecían al también presunto cabecilla, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo.

LAMBAYEQUE
En Lambayeque, cuatro de los cinco congresistas son investigados por la Fiscalía de la Nación por del caso “Los Temerarios del Crimen”, la presunta red criminal que habría encabezado el recluido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

Se trata de Héctor Becerril Rodríguez, Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vílchez. Los dos primeros, además, fueron incluidos en su momento dentro de la investigación a “Los Wachiturros” de Tumán.

En el caso de Héctor Becerril, las diligencias a cargo de la Fiscalía apuntan a que el legislador habría pedido a David Cornejo un porcentaje de las coimas que el exburgomaestre recibía por obras.

Es conocido, además, el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, exasesora de la empresa CRD Filial Perú, quien aseguró haber financiado la compra de porcelanato para la casa del parlamentario en Trujillo, a cambio de que la compañía siga con la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

En cuanto a Javier Velásquez, se sospecha que habría pedido a Cornejo que le adjudique un par de obras a un empresario constructor amigo suyo.

Hace poco otro investigado en el caso “Los Temerarios”, el exdiputado aprista Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, no solo sindicó a Velásquez de haber “apadrinado” a cuatro empresarios para que obtengan millonarias obras, sino, también, de estar involucrado en la emisión de cartas fianza fraudulentas.

Mientras que las indagaciones contra Marvin Palma tienen su origen en el testimonio del alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien habló ante los fiscales de una supuesta reunión con el entonces contralor Edgar Alarcón, en la que habrían participado David Cornejo, Javier Velásquez y Marvin Palma.

Por último, el congresista Clemente Flores es incluido en el caso porque se sospecha que habría ofrecido dos obras de la reconstrucción a Cornejo.

ÁNCASH
Dos de los cinco congresistas que representan a Áncash han hecho frente a investigaciones en la Comisión de Ética, que incluso las ha llevado a afrontar la sanción de suspensión.

La primera es la fujimorista Yesenia Ponce Villareal. La parlamentaria se ha hecho conocida por el laberinto en el que se ha visto envuelta al tratar de explicar dónde cursó sus estudios secundarios.

Aunque en un principio, Ponce salió bien librada de las investigaciones en el parlamento, con el apoyo del voto de sus colegas de bancada, investigaciones periodísticas dieron cuenta de nuevos indicios que incluían hasta acusaciones por pagos para que algunos de los testigos declaren a favor a favor de ella.

Finalmente, el 23 de agosto de 2018, por mayoría, el pleno del Congreso aprobó la suspensión por 120 días que recomendó la restructurada Comisión de Ética.

El fiscal de Huaraz, Renato Arapa, quien ha tramido el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que goza Ponce, a fin de que pueda afrontar la etapa intermedia de la investigación, pero este pedido duerme el sueño de los justos.

En Lima, Ponce acumuló otra investigación por el delito de cohecho, por el presunto pago que habría hecho para que la favorezcan con su testimonio en la Comisión de Ética.

Otra congresista que ha estado en el ojo público es María Elena Foronda Farro, del Frente Amplio. Un reportaje periodístico reveló que contrató en su despacho a Nancy Esperanza Madrid Bonilla, quien había sido sentenciada por terrorismo al estar vinculada al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Su caso fue llevado a Ética, grupo de trabajo que propuso una sanción de 60 días para Foronda, sin embargo, el pleno del Congreso, por pedido de la bancada fujimorista, pidió aumentar la suspensión por 120 días, moción que finalmente fue aprobada. (Correo).

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