CHICLAYO: Las pruebas de la Fiscalía y la defensa legal de Edwin Oviedo

Más de dos años después de que se destapara la investigación sobre la presunta red criminal “Los Wachiturros” de Tumán, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque se juega ahora el todo por el todo para lograr convencer al Poder Judicial de que su primera acusación, presentada contra 8 de los implicados, es válida.

Con este fin, en el requerimiento presentado hace pocos días dentro de la carpeta fiscal desacumulada N° 21-2018, el Ministerio Público ha incluido una serie de medios de prueba que deberán ser debatidos en su momento y entre los cuales se cuentan hasta 36 testimonios relacionados con el crimen de Manuel Rimarachín Cascos, dirigente azucarero cuya muerte, la Fiscalía, atribuye a los imputados en cuestión.

Entre estos últimos, figura el empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, quien, a su vez, ha manifestado que el fiscal a cargo del caso, Juan Carrasco Millones, no ha cumplido con precisar los cargos en su contra, pese a existir un mandato de la Corte Suprema de Justicia que le ordena hacerlo.
¿Qué elementos son los que deberá sustentar la Fiscalía en la acusación contra Oviedo y otros siete implicados? ¿Serán suficientes para convencer a los jueces?

TESTIGOS. Entre los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía destacan los testimonios de dos colaboradores eficaces, N° 12-2015 y 03-2017, quienes además de coincidir en sus versiones, narran de forma detallada los pormenores del asesinato de Manuel Rimarachín, indicando que el mismo, según recoge el requerimiento acusatorio, fue dispuesto por exdirectivos de la empresa Tumán.

El colaborador 03-2017 llega a mencionar, según lo registrado por la Fiscalía, que “el señor Rimarachín y un tal Miguel Delgado, estaban comprando acciones a favor del señor Roncal Miñano, entonces Pablo Arce (exgerente de Finanzas de Tumán) al enterarse le reclama al señor Rimarachín (…), le informa a Víctor Rodríguez (implicado con prisión preventiva) que el señor Oviedo Picchotito, lo había llamado para informarle sobre lo que estaba haciendo Rimarachín”.

Asimismo, destaca también lo señalado por diversos testigos, como los policías que llegaron primero a la escena del crimen y las personas que auxiliaron al dirigente luego de que, al promediar las 5:30 de la mañana del 11 de octubre del 2012, este recibiera tres disparos de bala mientras esperaba su movilidad para ir al trabajo. El autor de los disparos, según varias versiones recopiladas por el Ministerio Público, sería Eswar Jovany Montenegro Salés, alias “Charúm”, quien huiría en una motocicleta conducida por César Valencia Delgado.

Lo ocurrido durante el traslado de Manuel Rimarachín al hospital es detallado por los familiares de la víctima, así como por compañeros de trabajo, quienes llegaron hasta el lugar al oír los disparos e, incluso, señalaron que el dirigente no fue atendido correctamente en el hospital de Tumán, pues solo fue colocado en una camilla, sin suero ni oxígeno. Previo reclamo, se dispuso que Rimarachín sea trasladado a Chiclayo, pero en el camino falleció.

Otros testigos, como Segundo Hidalgo Hurtado, dieron cuenta de la existencia, al interior de la empresa azucarera Tumán, de un grupo de personas que habría estado encargada de atemorizar a los trabajadores y que en el lugar denominado “almacén de fertilizantes” se realizaban prácticas de tiro con Víctor Rodríguez y personal de seguridad.

Esto último es contrastado con el informe de inspección criminalística N° 864/2015, a raíz de la diligencia realizada en el mencionado depósito de fertilizantes, donde se hallaron diversos proyectiles, así como siluetas de tiro al blanco.

Dicho documento es uno de las más de 100 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, donde también figura el acta de allanamiento del domicilio de Eswar Montenegro Salés, donde se halló un pasamontañas negro y otros elementos que lo vinculan con el delito.

Cabe mencionar también el testimonio de Jessica Idrogo Vidarte, familiar del exgerente Pablo Arce y quien por entonces trabajaba también en la empresa. Ella señaló que el mismo Rimarachín le mostró en una ocasión una boleta de pago por la cual quería reclamarle a Pablo Arce y que, de hecho, pertenecía a la misma Jessica Idrogo. Esto concordaría con lo dicho por uno de los colaboradores, quien indicó que la discrepancia de Rimarachín con el sueldo que recibía la trabajadora y su intención de divulgarlo motivó, en parte, el que fuera asesinado.

RECHAZA. Mediante un comunicado, el mismo Edwin Oviedo Picchotito se pronunció sobre la investigación que sigue el fiscal Juan Carrasco Millones en su contra. “En el año 2015, dicho fiscal inició una investigación preliminar a más de 23 personas, para luego incluirme e imputarme hechos falsos, respecto de los cuales soy ajeno. Desde un inicio, el actuar del referido fiscal no se ajustó a derecho, siendo totalmente parcializado y violatorio de mi más elemental derecho a la defensa”, indicó.

En otro apartado de su comunicado, Oviedo puntualiza: “continuaré con las acciones legales que la ley me franquea para reivindicar mis derechos vulnerados por el indebido actuar del fiscal Carrasco Millones. Confío en el Poder Judicial (…). Mi compromiso de colaboración con la justicia es inquebrantable”.

A su vez, José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, aseveró que ninguno de los elementos a los que hace alusión la Fiscalía vinculan a su patrocinado con el crimen de Rimarachín Cascos.

“Ninguna persona, llámese testigo, colaborador o aspirante a colaborador, o algún imputado, ninguno sindica al señor Edwin Oviedo o lo vincula con estos graves hechos, ninguno. Más allá de que las manifestaciones tienen que ser corroboradas, que tampoco ha ocurrido, y de eso se trata la gravedad de este atropello por parte de la Fiscalía, porque la Corte Suprema ha advertido precisamente que no se la han precisado cargos al señor Oviedo”, recalcó.

Por: Luis Camasca

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