Luis Castañeda: “Yo no quiero hablar de anulación de contrato” y Contraloría señala que alza no se ajusta a contrato

El alcalde Luis Castañeda Lossio evitó referirse a una posible anulación del contrato con la empresa Lamsac, pese a que el procurador de la comuna limeña, Ricardo Rodríguez, indicó que esta sería una de las penalidades tras el alza del pago de peaje.

“Yo no quiero hablar de anulación ni hacerlo precipitadamente, aunque pueda ser muy popular eso”, indicó el burgomaestre a su salida de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. Allí detalló la situación sobre el nuevo tarifario (S/5.70) impuesto por la empresa desde este domingo en la Vía de Evitamiento y en Línea Amarilla.

 

Como se recuerda, Lamsac inició este domingo el cobro del nuevo tarifario que pasó de S/5.30 a S/5.70, en todas sus casetas. Según la empresa, esto se encuentra conforme al contrato firmado en el 2009, durante la segunda gestión de Luis Castañeda.

Al respecto, el actual alcalde evitó señalar responsabilidades pero sí remarcó algunos cambios en el contrato realizados durante la gestión de Susana Villarán. “Se empieza en el 2009 y luego sufre una serie de cambios durante la siguiente gestión (de Susana Villarán), entre otros. Por ejemplo se quita un Metropolitano que iba desde Villa El Salvador hasta Ancón”, indicó Castañeda.

Por otro lado, la Contraloría General de la República informó hoy que el alza de las tarifas no se ajusta al contrato firmado entre ambas entidades en el año 2009. Señaló que se trata del quinto reajuste de tarifa y que en el 2017 advirtió que se “venía aplicando la fórmula de reajuste de tarifa en forma distinta a la establecida en el contrato de concesión”.

Peajes: Contraloría señala que alza no se ajusta a contrato entre MML y Lamsac

Desde el último domingo, los peajes de Vía Evitamiento y del túnel de la Línea Amarilla elevaron su precio a S/5.70, situación que ha enfrentado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con la concesionaria Lamsac.

Al respecto, la Contraloría General emitió un comunicado en el que señala que el alza de las tarifas no se ajusta al contrato firmado entre ambas entidades en el año 2009, durante la segunda gestión de Luis Castañeda.

El aumento de 40 céntimos (la tarifa hasta el sábado costo S/5.30) es el quinto que ejecuta Lamsac desde el 2013. El anterior fue en mayo del año pasado. Precisamente, la Contraloría recuerda que en julio de ese año emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 303-2017-CG / MPROY – AC en el que advertía que la concesionaria “venía aplicando la fórmula de reajuste de tarifa en forma distinta a la establecida en el contrato de concesión”. En ese entonces se identificó un perjuicio económico al Estado Peruano por US$ 1’214.000 por la no aplicación de penalidades relacionadas a la incorrecta aplicación del contrato.

Dichas irregularidades en la aplicación de la fórmula de reajuste del contrato de Línea Amarilla están siendo investigadas en el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La Contraloría señaló que producto de la auditoría antes mencionada se recomendó a la comuna limeña “poner en conocimiento de la Procuraduría Pública para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores involucrados en la observación respecto del reajuste de tarifas”. Así mismo, que disponga a sus unidades orgánicas el adecuado cumplimiento del Contrato de Concesión.

A pesar de ello, Lamsac, con fecha 31 de enero de 2018, informó a la Municipalidad de Lima sobre un nuevo reajuste tarifario anual de S/ 5.70, cuyo cobro inició el 14 de octubre de 2018.

“La MML debe adoptar las acciones pertinentes para el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato de Concesión”, enfatiza el comunicado de la Contraloría.

Cabe señalar precisar que la concesión Línea Amarilla-Lamsac fue adjudicada a la empresa brasileña OAS en el año 2009, por un monto de inversión de US$600 millones, bajo la modalidad de Asociación Público Privada-APP. En agosto del 2016, OAS vendió la administración a la empresa francesa Vinci Highways que tiene a su cargo la concesión. (El Comercio)

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