Piden prisión preventiva de cinco empresarios

El Ministerio Público (MP) solicitó ayer al Poder Judicial que se imponga a cinco ejecutivos de tres empresas peruanas y socias de la corrupta Odebrecht 18 meses de prisión preventiva, a fin de evitar la presunta fuga de los investigados, entre ellos José Graña Miró Quesada, exmandamás de la empresa Graña y Montero (GyM)
El Poder Judicial fijó para mañana la realización de una audiencia pública, en la Sala Penal Nacional, para resolver la situación jurídica de los implicados a las 9:30 de la mañana, donde se ventilará el pedido del Equipo Especial Anticorrupción que jefatura el fiscal Hamilton Castro Trigoso, según confirmaron fuentes judiciales y de la Fiscalía.

Aparte de José Graña Miró Quesada, exejecutivo de la constructora Graña y Montero, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho deberá dirimir el tema de otros dos presuntos implicados de la misma empresa. Nos referimos a Gonzalo Ferraro Rey y a Hernando Alejandro Graña Acuña.

También están incriminados Fernando Gonzalo Camet Piccone, de JJ Camet Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

En su condición de máximos directivos de las citadas firmas y según las pesquisas del equipo de investigación del Ministerio Público, estos habrían cometido defraudación en agravio del Estado al concertar, a través de Jorge Barata, con el prófugo exmandatario Alejandro Toledo para que resultasen beneficiadas con la buena pro de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

SOBORNOS
Según la revista ‘Hildebrandt en sus Trece’, las pesquisas del grupo de investigación fiscal puso al descubierto la modalidad adoptada por los cuestionados ejecutivos para asumir y dividirse el pago de las coimas otorgadas a Toledo Manrique para de esa manera obtener la citada concesión de la Interoceánica Sur.

Así las cosas, Odebrecht hizo la transferencia de 20 millones de dólares del soborno pactado con el expresidente a las cuentas de Joseph Maiman Rapaport, por ser su amigo íntimo durante cuatro décadas y supuesto testaferro de este último, para posteriormente recuperar alrededor de 41 millones 500,000 soles de sus tres empresas compañeras de ruta en el viaje de la corrupción a gran escala.

JORGE BARATA
Al principio de las pesquisas, el grupo especial del MP escrutó la información que entregara el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Simoes Barata y otros testigos sobre peritajes, actas internas y reportes bancarios sobre los movimientos de dinero del consorcio autodenominado CONIRSA por sus representantes.

Uno de los puntos centrales de las reuniones de Barata y sus socios de las empresas consorciadas (Graña Miró Quesada, Castillo Dibós y Camet Piccone), para obtener las obras antes mencionadas, según el mismo ex hombre fuerte de Odebrecht, es que aceptaron pagar las comisiones ilícitas a Toledo Manrique, por lo que las [empresas] socias “asumieron lo que les correspondía en el pago de las coimas, situación que se materializaría en la distribución de las utilidades”.

De acuerdo a los actuados, esos y otros hechos han ratificado que la constructora Odebrecht, a través de sus representantes, proporcionó esos datos confidenciales a las autoridades del Ministerio Público, en un claro afán de desenmascarar a sus asociados en las megacorruptelas mencionadas.

Según se desprende de las pesquisas actuadas, de acuerdo a las tres actas de la junta general de accionistas del mencionado consorcio y entregadas por Odebrecht al despacho de Castro Trigoso, es que una de ellas (junio del 2011) se refiere a la transferencia hecha por dicha empresa carioca de los 20 millones de dólares a las ‘off shore’ de Maiman Rapaport, que se concretaron finalmente entre 2006 y 2010.

En la primera acta, ahora en poder del fiscal Castro Trigoso, los “socios” habrían acordado repartirse un dividendo neto de 94´318,519.47 soles, de manera proporcional para de esa manera resarcir económicamente a Odebrecht, el “buque insignia” en esta novela criminal y real para estafar al Estado.

En resumen, el total recibido por la empresa Odebrecht de sus pares peruanas fue algo de 41 millones 499 mil 688.35 soles (15´083,805 dólares) con lo cual la deuda total por el pago de las coimas entregadas a Toledo Manrique quedó saneada entre las partes.

Esta cifra se desprende, según la misma Fiscalía, de que a GyM le tocó pagar 6’219,627.15 dólares; JJ Camet asumió el pago de 5’641,151.70 dólares e ICCGSA abonó 3’223,026.39 dólares.

El mecanismo utilizado por los “socios” para justificar la salida del dinero pero sin llamar la atención de la banca, fue a través de la “cesión de utilidades”, toda vez que aquellos carecían de la cobertura internacional para tener una estructura financiera que “les permitiese de manera solapada el pago de ventajas indebidas”, según reza una de las conclusiones del fiscal Castro Trigoso.

“RIESGOS ADICIONALES”
Para este mismo fiscal, que destaca en su informe sobre la cronología de las investigaciones de su equipo de fiscales, la unión de los representantes de las tres empresas constructoras peruanas con Odebrecht refleja una suerte de “pacto criminal” que ahora los implica en los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en agravio del Estado bajo el ropaje técnico de “riesgos adicionales”.

Las consecuencias legales de todo ello, según las pesquisas ventiladas hasta el momento, podrían ser de imprevisibles consecuencias económico-financieras, independientemente de las derivaciones de tipo legal.
“Empresas socias tuvieron tiempo para desaparecer pruebas”

Si bien se mostraron de acuerdo con el pedido fiscal de prisión preventiva, los integrantes de la Comisión Lava Jato expresaron su preocupación porque las empresas consorciadas peruanas de Odebrecht, hayan tenido tiempo de desaparecer las pruebas en su contra.

“Lamentamos que se hayan demorado tanto, porque un tiempo tan grande en estas circunstancias, puede significar la desaparición de evidencia importantísima y esperamos que se actúe con un criterio de justicia y de aplicación correcta de la ley, de persecución adecuada del delito”, afirmó la titular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra.

La legisladora fujimorista recordó que desde meses atrás, ya eran conocidos los riesgos adicionales contenidos en la información financiera de la empresa Graña y Montero, por lo que sus exrepresentantes, José y Hernando Graña, fueron citados hasta en dos oportunidades por la comisión investigadora.

“Nosotros pedimos permanentemente a la Fiscalía efectuar las acciones correspondientes en el caso de las consorciadas, siempre preguntábamos por qué no se incluye a las empresas consorciadas en la investigación (fiscal), cuándo vamos a ver acciones concretas de la Fiscalía”, sostuvo.

Consideró que la denuncia constitucional presentada contra el fiscal Pablo Sánchez por su colega de bancada, Daniel Salaverry, fue un estímulo para el titular del Ministerio Público. “Parece que el señor Pablo Sánchez necesitaba un estímulo por parte del Congreso”, indicó.

A su turno, el legislador aprista Mauricio Mulder recomendó a los representantes de las compañías socias de Odebrecht, acogerse a la confesión sincera a fin de que colaboren con la justicia y digan la verdad sobre los hechos de corrupción que se está investigando.

“Si esto es así, el Perú como en cierta medida lo está haciendo Brasil, estaría contribuyendo al esclarecimiento de temas que ya son de amplio conocimiento aquí, pero no lo son en Brasil”, añadió.

El integrante del grupo investigador dijo creer que en la Fiscalía existe un manejo político evidente del caso Lava Jato por lo que dosifican la información y la revelan de acuerdo a su conveniencia.
Asumieron pago de coimas

“Simoes Barata comunicó a José Alejandro Graña Miró Quesada, José Fernando Castillo Dibós y a Fernando Camet Piccone de sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación del proyecto Interoceánica Sur a cambio de un pago ilícito” (…) Barata, Miró Quesada, Castillo y Camet acordaron pagar comisiones ilícitas a Alejandro Toledo (…) De tal manera, la socias asumieron lo que les correspondía en el pago de las coimas, situación que se materializaría en la distribución de utilidades”.

Por: EDUARDO SALAS

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