Sospechosos manejos de Susana Villarán

Con la soga al cuello. Muchos de los supuestos actos indebidos de Susana Villarán de la Puente durante su gestión al frente de la Municipalidad de Lima (2011-2014) han sido corroborados por una comisión investigadora conformada por el concejo metropolitano en julio de 2017, la cual ya emitió sus conclusiones.

El pasado miércoles 31 de enero, en una sesión del concejo metropolitano de Lima, se dio a conocer el informe íntegro de esta investigación, que incluye 47 conclusiones y 11 recomendaciones.

EXPRESO tuvo acceso a este documento, donde se detallan una serie de elementos hallados en la investigación, confirmando muchas de las presuntas comisiones de delitos que ya se han presentado en diversos medios de comunicación, y no solo vinculando a estos a la propia Villarán sino también a sus exfuncionarios y regidores.

SOBREVALORACIÓN
Uno de los puntos investigados que más nos llamó la atención fue el referido a la compra de un terreno en Campoy de 7,141.13 m2, el cual iba a ser destinado para reubicar a las familias que iban a dejar sus viviendas que estaban en zonas por las que iba a pasar parte del proyecto Río Verde de la exalcaldesa capitalina.

Es así que la comisión investigadora advierte que, a través del Fideicomiso de Administración Río Verde y Obras de Integración Urbana, la gestión Villarán pagó US$ 4ʹ461,735 por un terreno de Campoy con una extensión de 7,141.13 m2, a razón de US$ 650 por m2, sin tener en cuenta que las ofertas de terreno en la zona no superaban los US$ 300 por m2, lo cual se corrobora con los avisos comerciales de terrenos en Campoy y en zonas colindantes publicadas en el diario El Comercio y con una primera valorización efectuada por perito.

Asimismo, a través del informe final sobre posibilidades de uso urbanístico del terreno Campoy, suscrito por el arquitecto Ángel Vera Lop, de mayo de 2017, se determinó que de los más de 7 mil m2, 1,442.47 m2correspondían a la franja marginal, por lo que 5,725.15 m2 eran realmente el área útil, es decir el precio incluyó el área de franja marginal no utilizable.

Peor aún, la comisión corroboró que el fenómeno del Niño costero del año pasado se llevó cerca del 50 % del área útil de este terreno, restándole a este unos 1,184.54 m2 afectados por fisuras, 912 m2 por vía local secundaria.

Esto quiere decir que para la ejecución del Proyecto Habitacional para la Asociación Shipibo-Konibo, componente del proyecto Río Verde, solo se cuenta con un terreno equivalente a un área 2,862.57 m2, agravando el perjuicio a los intereses de la MML.

“Los actos expuestos permiten presumir la existencia de una sobrevaloración en el precio pagado por el inmueble adquirido, debiendo derivarse los hechos a la Procuraduría Pública Municipal para que evalúe las responsabilidades de las personas intervinientes y ponga en conocimiento del Ministerio Público los hechos que merezcan investigación de naturaleza penal”, concluye la comisión.

MÁS SORPRESAS
La investigación de la comisión edil también abarcó las irregularidades en la concesión, y su ampliación, de obras a favor de la empresa Lamsac, vinculada a la ya conocida Odebrecht.

Es así que se evidencia que, según un acuerdo de mayo de 2011 –ya con Villarán en el sillón municipal– se amplió en 10 años el plazo de la concesión del proyecto Línea Amarilla, la eliminación de la obligación de construir un COSAC (corredor segregado para un Metropolitano en la Vía de Evitamiento, que no sería operado por Lamsac en la medida en que no era parte de la concesión) y la modificación del tratamiento de las cláusulas referidas a “fuerza mayor”; todo ello como se ha señalado sin el debido sustento técnico ni legal recabado previamente a su suscripción.

Aquí un tema importante: los peajes en la capital. Muchas quejas se han dado en los últimos años respecto a los excesivos cobros. Pues aquí también se hallaron irregularidades.

Según una de las conclusiones, se confirma que desde el 10 de febrero de 2013 hasta el 4 de octubre de 2013 la recaudación diaria de los peajes de Evitamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula 3.18 del contrato de Concesión, se destinó a las cuentas bancarias de Lamsac.

Sin embargo, el informe pide una exhaustiva investigación a este recaudación, pues lo que debió recaudar Lamsac en ese periodo debió ser el “Excedentes de Libre Disposición” y no el total de lo recaudado por los peajes, lo que lleva a más suspicacias.

Asimismo, el grupo investigador ubicó un contrato de servicios y dos adendas con una vigencia desde el 10 de febrero de 2013 al 30 de junio 2013. “Estos contratos fueron suscritos entre Emape y Lamsac. La Comisión considera si bien Emape es una empresa municipal, el peaje es un recurso municipal [renta metropolitana] por lo que el convenio entre Emape y Lamsac debió ser aprobado por el concejo metropolitano, lo cual no ocurrió”, se agrega.

GLAVE Y REY
En las conclusiones de este informe también es señalado el exgerente municipal de Villarán, Miguel Prialé, de quien se advierte tuvo el “interés” de coordinar los principales proyectos de inversión en la capital, e incluso él suscribe el Acta de Acuerdo de 20 de mayo de 2011 del proyecto Línea Amarilla, cuando la competencia correspondía al gerente de Promoción de la Inversión Privada.

“La intervención indebida del señor Miguel Prialé Ugaz, no solo por razón de competencia sino porque el contrato exigía que la modificaciones al mismo solo se podían realizar después del tercer año de vigencia, queda clara cuando en su presentación ante el concejo metropolitano para sustentar los acuerdos adoptados el 20 de mayo de 2011, sostiene haber realizado ‘ejercicios aritméticos’ que sustentan las modificaciones al Contrato de Concesión”, señalan al aclarar que no se han hallado estos “ejercicios aritméticos”.

Pero Prialé no es el único exfuncionario villaranista a quien se le cuestiona por su accionar en este informe. Los entonces regidores Marisa Glave y Augusto Rey –este último aun siendo regidor– también entran a tallar.

En ese sentido se advierte el conocimiento de la hoy congresista Glave en el acuerdo firmado para favorecer a las consorciadas con Odebrecht, incluso intentando justificar este “cambio” en el contrato inicial.

“Se ratifica que las negociaciones que conllevaron a la suscripción del Acta de Acuerdo del 20 de mayo de 2011, fueron realizadas al más alto nivel pues consta en el acta de la sesión de concejo metropolitano de 9 de junio de 2011 que el exregidor Víctor Perfecto Ramírez Cifuentes de Fuerza Social, entonces presidente de la Comisión de Transporte Urbano reconoce el trabajo del gerente municipal y de la alcaldesa por la forma en que se realizó la negociación y por lo señalado por la exregidora de Fuerza Social, Maritza Glave Remy, quien expresó que no se ha dado un cambio de actitud pues desde el comienzo de la gestión se buscó un proceso de negociación”.

En cuanto a Rey, se señala que en su Hoja de Vida, presentada ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para participar en el proceso CAS para el asesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, declara que “en el 2011 elaboré la propuesta final para la renegociación del contrato del 2011”.

Estas son solo algunas de las muchas irregularidades que se hallaron en la gestión Villarán. Muchas otras saldrán a la luz en las próximas horas.

RECOMENDACIONES
La comisión recomienda que la Procuraduría Pública Municipal analice de manera conjunta los hechos descritos para la suscripción del Acta de mayo de 2011, la Adenda N° 1 y el Acta de Cierre de Trato Directo del 20 de octubre de 2014, así como la actuación de los funcionarios participantes y ponga en conocimiento del Ministerio Público los hechos que merezcan investigación de naturaleza penal.

En esta misma línea se recomienda investigar al detalle la participación de Villarán de la Puente y sus funcionarios para saber qué grado de participación tuvieron en estos hechos de corrupción.

Además se recomienda a la Gerencia Municipal Metropolitana que disponga en coordinación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas y se efectúe la revisión integral del equilibrio económico-financiero del Contrato de Concesión Línea Amarilla.

¿Y LOS DOCUMENTOS?
En varios pasajes de las conclusiones se advierte que en la investigación no se hallaron documentos que ayuden al esclarecimiento de muchos hechos, lo que no ayudó en la labor de esta comisión.

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