A partir de un requerimiento del Fiscal Provincial Germán Juárez Atoche, el Equipo Especial Lava Jato solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que conceda autorización para investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por su gestión en la construcción de hospitales en Moquegua cuando era gobernador regional, en el marco del caso Club de la Construcción.

En el documento, remitido por el fiscal Rafael Vela, se explicó que el caso debe ser reasignado al grupo de fiscales, ya que cuentan con el antecedente de la investigación preparatoria contra el exgobernador regional de San Martín y también ex primer ministro, César Villanueva, por el caso de la Carretera de Empalme PE-5N Cuñumbuque – Zapatero – San José de Sisa,
“Se solicita respetuosamente se sirva valorar los argumentos expuestos por el Fiscal Provincial Germán Juárez Atoche, para que se extienda la competencia del Equipo Especial”, señala el documento remitido por el fiscal Rafael Vela.

El pedido del equipo de fiscales apuntaría a recabar información sobre las investigaciones que otras fiscalías hacen sobre la obra Lomas de Ilo en Moquegua.

RELACIÓN DE LARGA DATA
Como se recuerda, el fin de semana se dio a conocer el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, el cual consigna que el presidente Vizcarra recibió un supuesto pago ilícito cuando era gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer con la concesión de dicha obra a la empresa Obrainsa, hoy investigada en el caso “Club de la construcción”.

Pero las relaciones entre Obrainsa y el mandatario se remontarían varios años atrás, pues de acuerdo a un informe emitido por Panorama en febrero de 2019, CyM Vizcarra, la empresa del presidente, integró un consorcio con la constructora Obrainsa para la construcción de la represa de Pillones en Arequipa.

Según el informe, en octubre de 2003 la empresa del mandatario se unió en el Consorcio Colca a las empresas Upaca S.A. y Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) para ejecutar un proyecto valorado inicialmente en $14 millones 600 mil, pero cuyo costo se elevó a $22 millones. Posteriormente, el Consorcio Colca obtuvo resultados favorables en los laudos arbitrales contra la empresa estatal Egasa, que contaron con la participación de árbitros investigados por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano.

DECLARACIONES ENGAÑOSAS
Por otro lado, el portal periodístico Convoca.pe reveló que, contrariamente a lo manifestado por el presidente Vizcarra la noche del domingo, Obrainsa ha contratado hasta siete veces con el Estado en el presente gobierno. Incluso, señala la publicación, uno de los contratos fue firmado por el actual ministro de Vivienda, Carlos Lozada Contreras, cuando aún se desempeñaba como director ejecutivo de Provías Nacional.

Convoca encontró que en el registro de contrataciones del Estado figuran por lo menos siete buenas pro a favor de Obrainsa, desde el 2017 al 2020, la mayoría de ellas otorgadas por Provías. Cinco adjudicaciones fueron directamente a la compañía y otras dos, como parte de un consorcio, representando un monto superior a S/ 400 millones por las obras en diversas regiones del país.

PIDEN QUE FISCALÍA CUMPLA SU ROL
Entre tanto, la bancada del Frente Amplio remitió un oficio a la Fiscal de la Nación, Soraida Ávalos, en el cual solicitan que continúe y con mayor celeridad las investigaciones seguidas al presidente de la República, tanto en el caso Richard Swing como en lo concerniente al “Club de la Construcción”

“El fin de semana que pasó, el país fue testigo una vez más de ver a un presidente de la República no solo envuelto en medio de sendos procesos penales por el presunto uso indebido de los recursos del Estado y aprovechamiento del cargo, sino porque los medios de prueba que van apareciendo a medida que avanzan las investigaciones para esclarecer la verdad, vienen dándole mayor certeza a los hechos imputados”, reza el documento.

En el escrito, también queda expresada la preocupación por la decisión del Ministerio Público de suspender las investigaciones al mandatario por el caso Swing, hasta que culmine con su periodo gubernamental, en julio de 2021.

En ese sentido, los congresistas del Frente Amplio recordaron que la Constitución no prohíbe investigar preliminarmente así como tampoco seguir investigación preparatoria, “de tal forma que está permitida la posibilidad de continuar con las investigaciones a nivel fiscal y judicial, y con mayor prioridad por la importancia e interés nacional que ello conlleva”.

Por: JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *