Aunque el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en una entrevista el día lunes que mediante el Ministerio de Vivienda canalizarían una contrapropuesta a la Ley N° 31056, que amplía los plazos para la titulación de tierras ocupadas de manera informal, esta finalmente nunca se produjo, y la norma se publicó el miércoles 21 de octubre en el diario oficial El Peruano.

“Nosotros teníamos una contrapropuesta donde sí se tiene que formalizar. Por eso yo he pasado esa norma al Ministerio de Vivienda para que vea, y ahora terminando voy a regresar a ver qué alcances me tienen”, había señalado en vano el mandatario.

Respecto a la norma, el presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Oyola Rodríguez (Acción Popular), indicó en su momento que esta nació como respuesta a la necesidad de una vivienda formal de millones de ciudadanos, quienes no pueden acceder a un título de propiedad por el impedimento del plazo que hasta ahora existe. “El plazo vencía en diciembre del 2004 y ahora lo hemos ampliado hasta diciembre del 2015. Esto le dará posibilidad a las personas, que están posesionadas en terrenos del Estado, de acceder a formalizarse y vivir dignamente”, señaló días atrás. Sin embargo, diversos analistas consideran que, lejos de solucionar la crisis de vivienda, lo que hace la ley es promover la precariedad y beneficiar a las mafias de traficantes de tierras.

Ricardo Fort, investigador principal de GRADE, refirió a El Comercio que, en promedio, el 93% de la expansión de las ciudades del país son de carácter informal. Y ante la falta de políticas de viviendas alternativas, el Estado solo atina a seguir ampliando los plazos de titulación, una medida que se utiliza desde hace cincuenta años sin solucionar el problema de fondo.

Hay que indicar que, de acuerdo a un estudio de GRADE, las 43 ciudades más grandes del país expandieron en un 47% su suelo urbano entre los años 2001 y 2018. El 47% de ese crecimiento corresponde a ocupaciones ilegales y el 46% a lotizaciones informales. Apenas el 6% de la expansión urbana se debe a proyectos urbanísticos formales, y el 1% a proyectos de vivienda social.

TRAFICANTES BENEFICIADOS
Consultado por Diario Uno el analista político Miguel Jugo consideró que un primer problema respecto a la Ley N° 31056 es que no ha sido planteada “dentro de una lógica de soluciones al problema de vivienda, sino a legalizar lo que ya está en posesión”. “Y lo que existe proviene de diversas vertientes, por un lado, hay alguna gente que ha logrado tener un terreno y en efecto podrá legalizarlo, pero en muchos casos lo que sucede más bien es que los terrenos son ocupados por mafias de traficantes de tierras. Al punto que ha habido alcaldes en Lima que han sido apresados en ser parte de esas redes”, indicó.

Por otro lado, advirtió que “hay toda una ofensiva sobre las comunidades campesinas a lo largo de nuestra costa, no se respetan sus territorios y las mafias finalmente se apoderan de ellos para traficar. Toda esta situación se va prolongando y lo que el Congreso ha hecho es responder a intereses que solo buscan llenarse de dinero con el tráfico de tierras y afectando impunemente a comunidades campesinas”, agregó.

Además, Jugo recordó que desde hace mucho tiempo no se producen grandes tomas de tierras por movilizaciones sociales como sucedió décadas atrás en Villa El Salvador o Huaycán. “Lo que hay es tráfico de tierras con participación de bandas delincuenciales conformadas además con alcaldes, jueces y policías, todos confabulados para lucrar con esta necesidad de vivienda”, enfatizó.

MENSAJE PERVERSO
También cuestionó que con este tipo de normas finalmente se dé refuerce la idea de que para acceder a una vivienda popular el camino es la toma ilegal de terrenos. “Esto es bastante delicado, en su momento se advirtió al presidente Vizcarra que debía observar la ley, sin embargo, el criterio dice que hay que formalizar, y se olvida de todo el trasfondo que hay detrás de estas situaciones”.

Respecto a la responsabilidad del Estado ante la crisis de vivienda, manifestó que el boom inmobiliario ha sido orientado en función de las clases medias, pero que en ningún momento se ha pensado en los sectores más desposeídos. “Entonces, son ellos los que al final se arriman a la ladera de algún cerro para tener un lugar donde vivir. Es evidente que falta una política nacional que atienda estas demandas, todos vemos el crecimiento vertical, pero ninguno de los edificios nuevos en las grandes ciudades está habitado por quienes más lo necesitan. Los grandes proyectos no llegan para ellos”, añadió.

ALGO MÁS
“El gobierno se ha lavado las manos al no observar esta ley, y es una obligación gubernamental tomar el toro por las astas y tener al fin una actitud de responsabilidad ante este problema”, apuntó.

Por: JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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