En redes sociales se difundió un video que muestra a un policía de la Comisaría Alfonso Ugarte afirmando que “no se puede filmar dentro de las instalaciones policiales”. El hecho se produjo cuando el agente policial, que se identificó como oficial, intervino al abogado Carlos Rodríguez, quien desarrollaba su labor como defensor de las personas detenidas en las movilizaciones que se produjeron en rechazo a la vacancia presidencial.

Sin embargo, dicha afirmación no es correcta, según pudo verificar OjoPúblico luego de consultar la normativa nacional y con especialistas.

Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dijo a OjoPúblico que no existe ninguna norma que prohíba el registro de imágenes al interior de las dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), siempre que no se entorpezca la actividad policial o “se falte respeto a la autoridad policial”.

La Policía puede intervenir a cualquier persona, solo bajo dos supuestos, como lo señala el Manual de Derechos Humanos de la función policial: bajo flagrante delito o mandato judicial. De lo contrario, se trataría de una intervención arbitraria en la cual los ciudadanos pueden recabar las pruebas que consideren necesarias para demostrar la afectación a sus derechos.

Por su parte, Carlos Fernández, coordinador del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, ratificó que no se puede evitar el registro de una intervención policial, si ello no implica vulnerar la seguridad nacional o el derecho a la privacidad.

“Los servidores del Estado nos regimos en función a las leyes, pero en el caso del ciudadano, la persona ejerce su derecho en base a lo que la ley no le prohíba. No existe en el Código Procesal vigente ni en la Constitución una prohibición taxativa del registro fílmico o fotográfico en entidades pertenecientes al Estado”, explicó.

En efecto, según lo precisa la Constitución en su Artículo 24, en el marco del derecho a la libertad y a la seguridad personal de las personas, “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

Además, en caso de que se presuma de una infracción al derecho a la libertad, los ciudadanos pueden recolectar los hechos probatorios que sustenten dichas irregularidades, según Fernández.

El Tribunal Constitucional (TC) también ha reconocido que “existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo” en su sentencia del Expediente N° 03097-2013. Esta decisión del TC, máximo intérprete de la Constitución, ratificó su postura sobre la libertad probatoria, que ya había sido expuesta en una sentencia de 2002.

Según lo precisa la sentencia del 2013, “las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos”.

En 2015, Máximo Ramírez, por entonces integrante del área de defensa legal PNP, dio a conocer que, en caso de que los ciudadanos consideren que fueron maltratados por los agentes policiales durante una intervención, graben los hechos para poder sustentar el inicio de un proceso disciplinario.

A una consulta para esta verificación, el área de prensa de la policía dijo a OjoPúblico que el área de defensa legal de la institución no podría pronunciarse hasta después de la marcha nacional convocada.

Por: Gianella Tapullima y Carla Díaz –OjoPúblico.

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