El Poder Judicial decidió suspender por dos años de su labor como fiscal superior a Alberto Rossel Alvarado, implicado en las investigaciones contra el expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva, por haber intentado infiltrar el equipo especial Lava Jato para obtener información que lo perjudicaba.

El juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, declaró fundado el pedido del Ministerio Público que denunció que Rossel intentaba reincorporarse a su cargo de fiscal superior de Lima Norte pese a estar cumpliendo un arresto domiciliario vigente hasta junio del 2021.

A fines del 2019, tanto César Villanueva como Alberto Rossel fueron detenidos y luego se les dictó 18 meses de prisión preventiva por haberse encontrado suficientes indicios de que el exprimer ministro, a través del fiscal superior y de su hijo, trató de acceder al equipo especial Lava Jato para obtener información que lo implicaba en presuntos cobros de coimas de Odebrecht cuando fue gobernador de San Martín.

El Ministerio Público señaló que Rossel pidió al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte ser reincorporado en su labor fiscal, aprovechando que podría trabajar de manera remota en el contexto del estado de emergencia por coronavirus (COVID-19). Esto fue indicio suficiente para considerar que podría acceder al sistema interno de la fiscalía y, así, llegar a información confidencial.

“A criterio de este órgano jurisdiccional, lo solicitado por el investigado Rossel Alvarado constituye un peligro concreto de obstaculización de la averiguación de la verdad […] Le daría la posibilidad de acceder al sistema donde podría obtener información reservada”, indica la resolución publicada hoy por el Poder Judicial.

Esto, sumado a los indicios graves de que el fiscal buscó, a través de su hijo, influir en el Alexander Taboada, fiscal del equipo especial a cargo de las investigaciones contra César Villanueva, fueron suficientes para dictar la suspensión por 18 meses.

Rossel, cabe agregar, cumplió prisión preventiva hasta el 4 de mayo del 2020. En esa fecha, la medida fue variada a 18 meses de arresto domiciliario por el riesgo de contagio de coronavirus.

Lo mismo se dispuso en el caso de César Villanueva, quien dejó de cumplir prisión preventiva en abril del 2020. El excongresista y extitular de la PCM es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita. De acuerdo a la tesis fiscal, recibió pagos de Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa. (Perú 21).

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